Registro de Inhabilidad para Trabajar con Menores de Edad


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Para mantener estos registros actualizados se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el cual será complementado mediante un anexo que pronto se formalizará mediante los correspondientes actos administrativos. De esta manera, se incorpora la transmisión periódica de la base de datos de sentencias condenatorias que contengan las penas de inhabilidades absolutas perpetuas o temporales para trabajar con menores de edad.

Por otro lado, el 5 de noviembre de 2018 se presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley que busca reformular el actual registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, con el objeto de perfeccionar su funcionamiento. Dicho proyecto ingresó como Boletín 12.208-07 y se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se pretende introducir las siguientes modificaciones:

1.- Se pretende unificar el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, pasando siempre a tener el carácter de perpetuas, eliminando la actual distinción entre víctimas mayores y menores de 14 años.

2.- Establece la obligación para los fiscales de solicitar, en todos los casos de delitos sexuales, la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad. Actualmente la inhabilitación perpetua es solo para los delitos cometidos en contra de menores de 14 años. El juez deberá incluir esta pena accesoria de inhabilidad en la sentencia condenatoria.

3.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público deberá remitir a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, un informe de todas las causas por delitos señalados en el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal, cometidos en contra de menor de edad, que hubieren concluido por sentencia firme de condena, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Al mismo tiempo, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrán que publicar ese informe en sus respectivas páginas web, resguardando los datos de carácter personal.

4.- La Corte Suprema dictará un auto acordado donde se regule todo lo necesario para la correcta implementación de la presente ley y, además, la forma en que se verifican las comunicaciones al Servicio de Registro Civil e Identificación, de las sentencias de condena, y de la forma y tiempo en que fue cumplida la pena, para que se mantenga actualizado el Registro general de Condenas.

5.- De manera complementaria al Registro de Condenas, el proyecto establece que las secciones especiales del Registro General de Condenas a que refiere el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 645 del Ministerio de Justicia, constituirán un nuevo registro seccional, bajo la denominación Registro Seccional de Inhabilitaciones.

6.- Asimismo, con este proyecto, las Seremías de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, junto con la Superintendencia de educación, podrán acceder a ambos registros con el fin de que se pueda controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido condenados por estos delitos previamente.